El agujero de 60.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento oculta a los vecinos
Janette Novo
Portavoz del Partido Popular en Rivas Vaciamadrid
¿Cuánto vale la calidad de vida de un barrio para este Gobierno municipal? El Ejecutivo local acelera los motores para ejecutar por la vía rápida, por detrás, uno de los mayores despropósitos urbanísticos de la historia reciente de nuestro municipio.
El inmenso terreno ubicado en la parcela de las calles Trece Rosas y Dulce Chacón, estaba reservado en el Plan Parcial para albergar los equipamientos públicos que tanta falta hacen en esa zona. Los vecinos confiaban en ver allí reflejadas infraestructuras vitales como las tan necesarias y siempre escasas instalaciones deportivas, parques y zonas verdes, una biblioteca pública —de la que hoy carece por completo el barrio de La Luna—, salas de estudio o un centro cultural multiusos que dé servicio a los residentes de la zona. Hoy, de la noche a la mañana, esa esperanza ha sido arrojada directamente a la papelera de reciclaje por el Ayuntamiento.
El plan actual del Consistorio pasa por exprimir al máximo suelos dotacionales con fines puramente residenciales, transformando terrenos para equipamientos en 524 viviendas protegidas de alquiler de precio limitado (VPPL) repartidas en 257 inmuebles en Trece Rosas, 142 en Picos de Urbión y 125 en José Hierro. Argumentan textualmente en su diagnóstico que estos terrenos «por diversas razones no resultan necesarios para esta finalidad». Una afirmación que resulta un insulto para cualquier residente de la zona, testigo diario de problemas de movilidad y de la acuciante falta de equipamientos.
Pero lo verdaderamente grave, y el talón de Aquiles donde el Ayuntamiento ha decidido jugar una ruleta rusa jurídica, se encuentra en las matemáticas del urbanismo y en el cumplimiento estricto de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid. Al suprimir de golpe 37.285 metros cuadrados de parcelas destinadas a equipamientos en el municipio para permitir una edificabilidad residencial masiva, la normativa autonómica les impone una obligación estricta: crear 30 metros cuadrados de nuevas redes locales por cada 100 metros cuadrados construidos para equilibrar la dotación poblacional.
Al sumar el suelo dotacional eliminado y la nueva obligación legal generada para atender a las nuevas familias, la maniobra provoca un déficit fulminante de casi 60.000 metros cuadrados de dotaciones públicas que se esfuman por arte de magia. Para que esta operación fuese legal, el Ayuntamiento tendría que compensar esta gigantesca deuda urbanística recalificando 6 hectáreas de suelo lucrativo en la zona para convertirlas en nuevos equipamientos. ¿Tienen previsto hacerlo? Todo apunta a que no.
En lugar de tramitar una Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de forma transparente, el equipo de Gobierno ha decidido aprobar directamente los pliegos de licitación para sacar el concurso por la vía rápida, esquivando deliberadamente el trámite de exposición pública y ocultándose del debate vecinal.
Rivas Vaciamadrid necesita vivienda protegida, por supuesto, pero no desmantelando los servicios que dan vida a nuestros barrios. Hay suelo de sobra para edificar sin tener que pisotear las necesidades deportivas, culturales y educativas de las familias de la zona. Es hora de poner fin a este urbanismo de parches e improvisación y devolver el sentido común a la gestión de nuestra ciudad.
