Rivas Vaciamadrid propone un consorcio para solucionar la crisis de la Cañada Real tras la resolución del Consejo de Europa
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha planteado la creación de un consorcio entre las distintas administraciones implicadas como respuesta a la reciente resolución del Consejo de Europa que condena a España por la falta de suministro eléctrico en la Cañada Real. Esta iniciativa busca garantizar los derechos fundamentales de los habitantes de la zona, agilizar la solución al problema y reforzar la coordinación entre las instituciones implicadas.
La alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Aída Castillejo, ha destacado la importancia de esta medida:
«El Consorcio hace posible que la solución a Cañada se agilice para garantizar el derecho a una vivienda digna cuanto antes, al tiempo que también se garantiza el suministro eléctrico hasta que finalice el conjunto de realojos». Según Castillejo, este instrumento, regulado por la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, permite una gestión más eficiente y coordinada de los recursos.
El contexto: una resolución europea que exige acción inmediata
El Consejo de Europa ha señalado una vulneración de derechos fundamentales por la falta de luz en la Cañada Real, una situación que afecta especialmente a los sectores 4 y 5, ubicados en Rivas. Aunque en esta zona existe suministro eléctrico, los problemas puntuales debido a la sobrecarga de la red, agravados por cultivos ilegales y el aumento poblacional, han generado una situación crítica.
Para abordar estas problemáticas, el Ayuntamiento de Rivas ha establecido una mesa vecinal de la Cañada, donde se coordinan vecinos, asociaciones y entidades implicadas. Sin embargo, la alcaldesa insiste en la necesidad de una gestión más sólida:
«No podemos permitir que estas situaciones sigan perjudicando a las familias. Necesitamos recursos y una gestión coordinada que el Consorcio puede ofrecer», afirmó.
Un plan de realojos como prioridad
El Consorcio tendría como objetivo acelerar el plan de realojos establecido en el Pacto Regional de la Cañada Real, que cuenta con una dotación de 330 millones de euros para los próximos diez años. Este plan busca garantizar el derecho a una vivienda digna para las familias residentes en una de las áreas más afectadas por la exclusión social en Europa.
El Ayuntamiento de Rivas está trabajando activamente en su parte del plan, facilitando el acceso a viviendas dignas para las familias más vulnerables. Además, reitera la necesidad de que el Gobierno central se implique directamente en la gestión para asegurar que los fondos transferidos a la Comunidad de Madrid se traduzcan en acciones concretas.
«El Consorcio permitiría una implicación directa del Gobierno central en la gestión, asegurando que los fondos se destinen a soluciones reales», explicó Castillejo.
La alcaldesa concluyó insistiendo en la urgencia de la medida: «Es el mejor instrumento para agilizar la solución y garantizar una vida digna para las personas que residen en esta zona.»
