JUVIP pide blindar la vivienda protegida ante el nuevo decreto de la Comunidad de Madrid
La asociación Jóvenes Unidos por la Vivienda Pública ha presentado alegaciones al futuro decreto que regulará el régimen jurídico de la vivienda protegida en la Comunidad de Madrid, reclamando medidas para evitar su “mercantilización” y reforzar su función social.
El colectivo, nacido en Rivas Vaciamadrid, considera que el texto introduce elementos que pueden debilitar el carácter público de este tipo de vivienda y acercarlo a dinámicas propias del mercado libre.
Críticas a la liberalización de precios y a la descalificación
Uno de los principales puntos de preocupación para JUVIP es la posibilidad de que, en determinadas situaciones, el precio de venta de viviendas protegidas en segundas transmisiones pueda fijarse libremente entre las partes.
Desde la asociación advierten de que esta medida rompe con el principio básico de limitación de precios. “La vivienda protegida no puede convertirse en un mecanismo de generación de plusvalías privadas”, señala su presidenta, María Carballo.
Además, cuestionan el mantenimiento de modelos de protección temporal que permiten que estas viviendas pasen a ser libres con el paso del tiempo. En este sentido, proponen eliminar la descalificación y apostar por un sistema de protección permanente que garantice el acceso a la vivienda a largo plazo.
Más control público y medidas contra el fraude
Otro de los ejes de las alegaciones se centra en reforzar los mecanismos de control administrativo. JUVIP considera insuficiente el sistema actual, basado en la documentación aportada por solicitantes y promotores.
Como alternativa, plantean la creación de un sistema digital que permita cruzar datos automáticamente con organismos como la Agencia Tributaria o el Registro de la Propiedad, con el objetivo de evitar fraudes y asegurar que las viviendas lleguen a quienes realmente las necesitan.
Defensa del alquiler protegido y del parque público
En materia de alquiler, la asociación reclama que las rentas mantengan un enfoque social y no se acerquen a los precios del mercado libre. También insiste en la necesidad de proteger el parque público de vivienda frente a procesos de pérdida o desprotección.
Las alegaciones presentadas incluyen propuestas concretas de modificación normativa, con el objetivo de consolidar un modelo de vivienda protegida “estable, coherente y orientado al interés general”.
Desde JUVIP confían en que la Comunidad de Madrid tenga en cuenta sus propuestas en la redacción final del decreto, en un contexto marcado por las dificultades de acceso a la vivienda, especialmente entre la población joven.
