Vivienda pública para frenar la especulación
José Luis Alfaro
Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida Rivas – Más Madrid – Verdes Equo
En las últimas décadas, las administraciones competentes han eludido uno de los principios rectores que deben guiar su actuación. El artículo 47 de la C.E. establece que los poderes públicos deben regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
Limitar la especulación que no es un fin en sí mismo, sino la herramienta necesaria para hacer efectivo el derecho de ciudadanía a poder habitar una vivienda digna y adecuada.
Hoy, una de las principales preocupaciones de miles de familias trabajadoras es el acceso a una vivienda. Jóvenes que no pueden emanciparse, alquileres que absorben la mayor parte de los ingresos familiares, mientras tanto, el mercado inmobiliario ha seguido disparando los precios ante el inmovilismo de las administraciones que tienen la capacidad de evitarlo.
Rivas cumplía con los requisitos para declararse zona tensionada y poder así limitar los precios del alquiler. Este ayuntamiento solicitó formalmente esta declaración en 2024, pero el Gobierno Regional decidió rechazarla. Una decisión difícil de entender cuando el precio de la vivienda continúa expulsando a muchas personas de su ciudad en pro de inversores y especuladores.
Frente a la falta de contundencia por parte de otras administraciones, o las que miran a otro lado, en Rivas llevamos años demostrando que sí se pueden impulsar políticas públicas útiles dentro de las limitaciones que tiene una administración local. Nuestro municipio cuenta con el mayor parque público de vivienda de la Comunidad de Madrid en términos relativos. Acabamos de entregar las 83 viviendas de alquiler joven. Y seguimos avanzando con el nuevo Plan Estratégico Municipal de Vivienda y Suelo que contempla la construcción de 500 viviendas públicas de alquiler asequible.
La vivienda debe dejar de entenderse como un negocio para volver a ser considerada como el derecho que es.
Por ello, que el Gobierno y las comunidades autónomas hayan logrado ponerse de acuerdo para materializar el Plan de Vivienda 2026-2030, es una noticia positiva. Está dotado con 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, pero destaca especialmente porque blinda las viviendas públicas con carácter permanente. Los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos de este plan tendrán la calificación de protegidos siempre.
Y esta es la clave, la vivienda pública construida con recursos públicos debe permanecer protegida permanentemente para que no pase al mercado libre alimentando la especulación que nos ha conducido a la situación que hoy padecemos. Esta medida no es novedosa en otros países europeos y es una garantía real para las futuras generaciones.
Por eso, desde IU Rivas – MM – VQ llevamos al pleno del mes de mayo una moción que exige a todas las administraciones un compromiso firme con el desarrollo del Plan Estatal de Vivienda. Según este, el Estado asumirá el 60% de la inversión prevista y las comunidades autónomas el 40%.
Por esta razón, en la moción reclamamos a la Comunidad de Madrid que asuma su responsabilidad y aporte ese 40% de financiación que le corresponde para que ese Plan Estatal sea una realidad en nuestra región. Asimismo, hemos exigido que a nivel autonómico se activen los mecanismos contemplados en la Ley por el Derecho a la Vivienda, como la declaración de zonas residenciales tensionadas, que denegaron a Rivas.
La vivienda no puede quedar al arbitrio del mercado. Garantizar este derecho exige valentía política, inversión pública y coordinación institucional. Defender lo público es defender la igualdad de oportunidades y el derecho de la ciudadanía a desarrollar su proyecto de vida con dignidad.
