Un contrato de 262.000 euros que exige más explicaciones que celebraciones
El dinero público exige un control estricto, limpieza institucional y absoluto respeto a la legalidad vigente. Por ello, la reciente adjudicación del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para celebrar el festival de eldiario.es resulta alarmante. Hablamos de un desembolso que asciende a 262.139,02 euros de las arcas públicas, que en teoría deben ser cargados a la partida presupuestaria del ejercicio 2026 de Estrategia de Ciudad 0080/92000/22609 «Actividades», la cual llamativamente solo figura dotada con 3.000 euros.
Para tramitar semejante cantidad, el Gobierno municipal utilizó un procedimiento negociado sin publicidad. La justificación fue una supuesta «exclusividad artística» que carece de fundamento sólido. Con esta maniobra, blindó un macroevento cultural frente a cualquier competidor, eludiendo el concurso público que garantiza la igualdad de oportunidades.
Lo grave de este expediente radica en el camuflaje informático utilizado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El pliego de prescripciones técnicas y el informe técnico de necesidad recogían el código CPV correcto. Sin embargo, la trampa estaba oculta en el anuncio publicado en la plataforma de la contratación, que es el motor de búsqueda que usan las empresas para presentarse a las licitaciones. El Ayuntamiento registró los anuncios bajo el código CPV 35121000, reservado exclusivamente para «Aparatos e instrumentos de seguridad».
Clasificar un festival de debates y conciertos como si fuera una compra de cámaras de vigilancia provocó un «apagón de transparencia». Esta alteración maliciosa impidió que las empresas del sector de la organización de eventos pudieran recibir las alertas del sistema, bloqueando la libre concurrencia.
Los pliegos contradicen la exclusividad artística: el grueso del dinero sufragó servicios comunes de producción logística como sillas, montaje de escenarios, pantallas gigantes, sonido, iluminación, carpas, vallado, aseos portátiles, catering y seguridad privada. Estos servicios logísticos no gozan de propiedad intelectual ni de exclusividad. Adjudicarlos a dedo vulnera la Ley de Contratos del Sector Público.
Al detectar la argucia informática para camuflar el código CPV, iniciamos una ofensiva jurídica inmediata. El Ayuntamiento respondió intentando negar nuestra legitimación para recurrir, buscando silenciar a la oposición. No tuvo éxito en esa estrategia de bloqueo: el propio Tribunal reconoció expresamente que el Partido Popular está plenamente legitimado para ejercer el control de legalidad sobre esta contratación.
Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP) inadmitió nuestro recurso amparándose en motivos de extemporaneidad formal. Nuestra reclamación se interpuso en el mismo instante en que se descubrió el engaño; una maniobra deliberada por parte del Ayuntamiento que distorsionó los motores de búsqueda oficiales para ocultar el expediente y forzar el vencimiento de los plazos legales ordinarios de impugnación.
El TACP no ha entrado a valorar el fondo del asunto. Resuelve un trámite procesal, pero no responde si el contrato se ajustó a la Ley de Contratos del Sector Público. Esa cuestión jurídica sigue abierta, pues el organismo no evalúa si se justificaba el procedimiento sin publicidad ni si se respetó la concurrencia.
Junto a estas lagunas jurídicas conviven sospechas políticas que exigen respuesta inmediata: ¿Por qué un festival cultural no fue promovido por la Concejalía de Cultura? ¿Por qué el expediente nació en la Secretaría Técnica de Estrategia de Ciudad?
Este caso no está cerrado. La resolución del TACP agota la vía administrativa, pero abre de forma automática la vía judicial. Nuestros servicios jurídicos estudian la documentación y nos reservamos la potestad de presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La transparencia no termina al concluir un procedimiento. Empieza ahí: cuando un gobierno debe rendir cuentas ante quienes sostienen con sus impuestos cada euro que gasta el Ayuntamiento.
