Cuando el autoritarismo atropella los derechos fundamentales
Janette Novo
Portavoz del Partido Partido en Rivas Vaciamadrid
En política, hay errores que se pueden atribuir a la inexperiencia y otros que nacen de una voluntad clara de silenciar al que resulta incómodo. Sin embargo, cuando una administración pública traspasa la frontera de la legalidad para vulnerar derechos protegidos por la Constitución, ya no hablamos de un error de gestión, sino de un síntoma de degradación democrática. Lo que está sucediendo en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid con el delegado sindical de CSIF, J.C.D.V.N., no es solo un conflicto laboral: es un ataque directo a las libertades públicas que debería avergonzar a quienes hoy ostentan el poder municipal.
La reciente sentencia dictada por la sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid (Plaza nº 34) es demoledora. El fallo estima el recurso del trabajador por una razón que no admite matices: la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical. En nuestro ordenamiento jurídico, no hay falta más grave para una administración que ser condenada por pisotear un derecho fundamental. Estos derechos son el escudo de los ciudadanos —y de los representantes de los trabajadores— frente a los abusos de poder. Que un juez haya tenido que intervenir para proteger a un delegado sindical en Rivas Vaciamadrid indica que el clima de libertad en nuestro Consistorio está bajo mínimos.
El decreto de reincorporación, firmado el pasado 17 de abril por el Concejal de Organización y Función Pública, Alberto Cabeza Saco, es un documento que destila una soberbia institucional preocupante. El Ayuntamiento no reincorpora a J.C.D.V.N. por una rectificación ética o por voluntad de diálogo; lo hace porque la ley le obliga. Según el artículo 121.3 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, las sentencias sobre derechos fundamentales se ejecutan de forma inmediata, aunque haya apelación de por medio. Es decir, el trabajador vuelve a su puesto porque el juez ha forzado la mano de un Gobierno local que, hasta el último minuto, ha intentado mantener el castigo.
Pero lo más infame de este proceso no es solo la sanción original, sino la actitud posterior del Ayuntamiento. En lugar de aceptar el varapalo judicial, pedir disculpas y reparar el daño causado a la dignidad de un funcionario y de su sindicato, el equipo de Gobierno ha decidido huir hacia adelante interponiendo un recurso de apelación. Esta decisión es además un ataque al bolsillo de los vecinos de Rivas Vaciamadrid. El Ayuntamiento no duda en dilapidar dinero público para intentar sostener lo insostenible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Cuánto nos va a costar a los ripenses la cerrazón personal de un concejal y una alcaldesa contra un delegado sindical?
La libertad sindical es una piedra angular de nuestra democracia. Sin ella, los trabajadores quedan a merced del capricho de sus superiores. Al sancionar injustamente a un delegado, el Ayuntamiento no solo castiga a una persona; envía un mensaje de miedo a toda la plantilla municipal: «si te mueves, si protestas o si ejerces tu labor de vigilancia con demasiada eficacia, iremos a por ti». Esta táctica de desgaste, que ahora culmina con el traslado del trabajador a la Concejalía de Mantenimiento, huele a represalia y a un intento desesperado de apartar el «problema» de la vista de todos.
Es hora de exigir responsabilidades políticas al más alto nivel. El Concejal de Organización y Función Pública no puede pretender que aquí no ha pasado nada. Si un tribunal sentencia que has vulnerado derechos fundamentales, tu legitimidad para gestionar el personal de esta ciudad queda anulada. Resulta especialmente sangrante y cínico que estas prácticas provengan de un Gobierno de izquierdas que se autodenomina «progresista». Quienes llenan sus discursos con la defensa de la clase trabajadora y los derechos sociales no pueden utilizar el aparato administrativo para perseguir a un representante sindical.
El Gobierno de Aída Castillejo siempre presume de participación, pero en realidad prefiere el castigo a la negociación y la apelación judicial al reconocimiento del error.
