El Ayuntamiento de Rivas denuncia presiones a familias vulnerables de Cañada para que no acepten el acceso a una vivienda social pública
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha activado un dispositivo institucional para proteger a las familias de la Cañada Real que han renunciado recientemente a su realojo tras recibir presiones y amenazas. El Consistorio ofrecerá asesoramiento legal y acompañamiento social a las personas afectadas y ha anunciado que se personará, si es necesario, en los procedimientos judiciales que se deriven de estas coacciones.
Apoyo municipal ante amenazas
Según han detectado los servicios técnicos municipales, algunas familias han abandonado el proceso de realojo después de recibir visitas intimidatorias en sus viviendas por parte de grupos organizados. En estos encuentros, se les instaba a rechazar las alternativas habitacionales ofrecidas, con el fin de prolongar su estancia en la Cañada en condiciones precarias. Además, se les recomendaba contratar a un despacho concreto de abogados.
La situación ha llevado a varias familias ya realojadas a interponer denuncias ante la Guardia Civil. A esto se suma que muchas de las familias que siguen en la zona están pagando alquileres irregulares sin contrato legal a supuestos propietarios de las parcelas, en un contexto de absoluta inseguridad jurídica y vulnerabilidad. Algunas han optado por hacer la mudanza de madrugada para evitar represalias.
“No vamos a permitir que el derecho a una vivienda digna se vea vulnerado por amenazas o extorsiones”, ha expresado el portavoz del Ayuntamiento de Rivas, José Luis Alfaro. “Vamos a acompañar a las familias que sufren esta situación y a poner recursos municipales a su alcance para que ninguna quede desprotegida”, ha asegurado.
Un compromiso con el acceso a la vivienda
En el marco del Pacto Regional por la Cañada Real, el Ayuntamiento de Rivas gestiona los procesos de realojo en los sectores 4 y 5 de esta vía, en colaboración con la Comunidad de Madrid y otros municipios. La prioridad municipal está en garantizar una alternativa habitacional a las familias más vulnerables, especialmente aquellas con menores, personas mayores o enfermas.
Sin embargo, el personal municipal ha detectado un aumento de las renuncias a estos realojos por parte de familias que habían optado voluntariamente al mismo, tras denunciar estas familias presiones para renunciar a dichos realojos. La situación es especialmente grave porque la legislación actual de la Comunidad de Madrid establece que las familias que rechacen el realojo por la vía preferente no podrán acceder a una nueva vivienda social hasta dentro de 10 años, lo que condena a muchas de ellas sin solución habitacional.
El Ayuntamiento ha mantenido ya varias reuniones con entidades sociales y asociaciones vecinales que trabajan en la zona para reforzar la mediación y la protección a las familias. También ha trasladado esta situación a los órganos del Pacto Regional por la Cañada Real, a los partidos políticos y al resto de administraciones implicadas: la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y la Delegación del Gobierno.
Además, la alcaldesa de Rivas ha mantenido reuniones con representantes del Gobierno de España, como la ministra Sira Rego, el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez. En estos encuentros, el consistorio insistió en la necesidad de crear un Consorcio entre administraciones que permita agilizar el proceso de acceso a una vivienda digna para la población más vulnerable de la Cañada.
El portavoz municipal, José Luis Alfaro, ha subrayado que “queremos que todas las familias que cumplan los requisitos puedan acceder a una vivienda digna con libertad, sin miedo, sin amenazas y con todas las garantías. Es un compromiso de ciudad, y lo vamos a cumplir”.
