Intervenir el mercado o construir el futuro
Janette Novo
Portavoz del Partido Popular en Rivas Vaciamadrid
El debate sobre la vivienda en Rivas Vaciamadrid ejemplifica a la perfección la receta clásica de la izquierda radical: un exceso de retórica sentimental, un profundo desconocimiento técnico y una alarmante ausencia de soluciones reales. La izquierda acierta al diagnosticar que los jóvenes y las familias ripenses tienen serias dificultades para acceder a un hogar, pero fracasa de forma estrepitosa al proponer soluciones basadas exclusivamente en el intervencionismo, el control de precios y la asfixia regulatoria. La raíz del conflicto en nuestro municipio no es la falta de leyes o declaraciones institucionales; el problema es que faltan viviendas. Y para revertir esta situación y que haya viviendas, lo primero que debe hacer un ayuntamiento es dejar construir.
Es de un cinismo flagrante que el Gobierno local intente erigirse en el adalid de la vivienda protegida mientras mantiene un bloqueo sistemático sobre el urbanismo del municipio. La historia reciente no engaña: en 2021 paralizaron las licencias de edificación bajo la excusa de repensar la ciudad, aunque la realidad apuntaba a un intento de ingeniería demográfica para blindar su espacio electoral. Hoy, a pesar de haber levantado formalmente aquel veto, sufrimos una parálisis burocrática de facto. El Ayuntamiento encadena una excusa tras otra —problemas en el colector, deficiencias en la estación de bombeo de aguas residuales, el tanque de tormentas o el eterno litigio judicial con la empresa Jarama— para dilatar los plazos y asfixiar la actividad. No se puede exigir de cara a la galería la ampliación del parque residencial mientras se boicotea la gestión del suelo desde las propias oficinas municipales.
Frente a esta parálisis, el nuevo plan de vivienda anunciado por el consistorio no es más que humo electoralista. Prometer la construcción masiva de vivienda pública a través de una Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) que arrastra graves problemas financieros es una irresponsabilidad mayúscula. La EMV de Rivas adeuda más de 6 millones de euros a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. Pretender dar lecciones de gestión pública mientras se financian los desequilibrios locales con el dinero destinado a la vivienda social de todos los madrileños es inadmisible. Su verdadera hoja de ruta no es edificar, sino declarar Rivas como zona tensionada para intervenir los precios artificialmente, una receta que ya ha demostrado en toda Europa que solo consigue retraer la oferta, generar inseguridad jurídica y encarecer el mercado.
Para camuflar estas deficiencias, la izquierda recurre al oportunismo político y a la demagogia internacional. Por un lado, defienden la implantación de nuevas fórmulas habitacionales sobre suelos dotacionales, omitiendo deliberadamente que estas medidas son viables en Rivas gracias a las reformas normativas aprobadas por la Comunidad de Madrid; es decir, se benefician de las leyes del Gobierno regional mientras votan sistemáticamente en contra de ellas. Por otro lado, intentan vender la «calificación permanente» de la vivienda protegida como una idea revolucionaria, ignorando que la Ley 9/2017 de la Comunidad de Madrid ya blinda y garantiza esa protección para el parque público desde hace nueve años. El colmo del relato idílico llega cuando citan el modelo residencial de Viena. Ocultan de forma tramposa que su origen histórico data del período de la «Viena Roja» en la década de 1920, tras la Primera Guerra Mundial. Este sistema se sufraga con aportaciones directas de las nóminas de los trabajadores y mantiene una política de tolerancia cero frente a la morosidad y la okupación. Dicho modelo exige rigurosas normas de convivencia y cumplimiento de contratos, algo que la EMV es incapaz de conseguir con los inmuebles de su propiedad, los cuales acumulan impagos desde hace años que terminan soportando todos los ripenses.
Desde el Partido Popular defendemos un modelo radicalmente opuesto, basado en la libertad, la certidumbre económica y el fomento decidido de la oferta de vivienda libre y protegida. Rivas no necesita más mociones de distracción ni parches ideológicos; lo que necesita de manera urgente es desbloquear la burocracia y poner en marcha las 3.000 viviendas proyectadas en su Consorcio Urbanístico, de las cuales el 50% cuentan con algún régimen de protección. El mercado inmobiliario responde a la ley de la oferta y la demanda: si se libera suelo, se facilitan las licencias y se fomenta la colaboración público-privada —tal y como demuestra el éxito del Plan Vive de la Comunidad de Madrid—, los precios se estabilizan de forma natural. Garantizar el derecho a un hogar exige gestión, responsabilidad presupuestaria y construcción real, no consignas pancarteras orientadas a bloquear el crecimiento de nuestra ciudad.
