Ante el avance ultra, blindaje de los derechos de las mujeres
Mónica Carazo Gómez
Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
El avance de la ultraderecha en las instituciones ha vuelto a poner en riesgo algunos de los derechos que muchas creían consolidados, y nada más lejos de la realidad. Lo acabamos de ver con la aplicación en la Comunidad de Madrid de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ante la que la más ultra de todas, ni más ni menos que la presidenta regional Díaz Ayuso, se ha declarado insumisa.
Ante situaciones como esta, conviene siempre estar alerta y poner pie en pared cuando se trata de devolver al ostracismo a las mujeres. En sede parlamentaria, fue la presidenta regional, con su habitual tono faltón, la que nos abrió la puerta: “¡Váyanse a otro lado a abortar!”. Es evidente que la lucha de tantas y tantas mujeres, de tantas asociaciones feministas como trabajan a diario en nuestro país, no le va a permitir cumplir con su voluntad.
Es trabajo de todos y todas defender los derechos y libertades de las mujeres. En este caso, el derecho de las mujeres a decidir si quieren o no ser madres. En eso nos ampara la ley, que convierte en derecho la interrupción voluntaria del embarazo. Y las leyes se cumplen, le gusten a la derecha o no. Lo que es un escándalo es que, solo en 2024, y según los propios datos de la Comunidad de Madrid, solo el 0,37% de los 21.013 abortos voluntarios que se produjeron en la región se practicaron en la sanidad pública.
A ello contribuye, precisamente, el posicionamiento del Gobierno regional a la hora de identificar a las personas profesionales de la medicina que declaran su objeción de conciencia a la hora de practicar abortos. La ley obliga a realizar un registro de objetores que es confidencial y que, curiosamente, fue aprobado por todas las comunidades autónomas, incluida la de Madrid, en el Consejo Interterritorial de Salud. Pero, ahora, Ayuso anuncia que no lo hará.
El derecho de las mujeres al aborto se garantiza y se protege y no se difunden bulos ni síndromes que no tienen base científica alguna. Y es que a la presidenta Ayuso se le suma el alcalde Almeida, ambos mirando más a Vox que a la ciudadanía, al que no le tembló la mano a la hora de votar a favor una moción de Vox que obliga al Ayuntamiento de Madrid a informar a las mujeres que deciden abortar sobre un presunto “síndrome postaborto” que no tiene ningún soporte médico ni científico. Las mujeres no necesitamos la tutela de nadie, menos la del PP o Vox.
Si hay una cosa clara es que todos los derechos de las mujeres en materia de reproducción y salud sexual han venido de una lucha de décadas y todas ellas han estado acompañadas por los distintos gobiernos del PSOE en nuestro país, desde la primera Ley de Supuestos de Felipe González hasta la Ley de Plazos de Rodríguez Zapatero o la última ley aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que amplía las garantías y la protección de las mujeres. El siguiente paso es el blindaje del derecho al aborto en la Constitución, porque los derechos de las mujeres se defienden y se protegen.
