El PSOE de Rivas lleva al pleno una propuesta para elevar la financiación de la universidad pública madrileña
El Grupo Municipal Socialista llevará al próximo pleno de noviembre una iniciativa para reclamar al Gobierno regional un aumento sustancial de la inversión destinada a las universidades públicas madrileñas. La propuesta pide que la Comunidad de Madrid alcance al menos el 1% del PIB en financiación universitaria, una cifra muy alejada del 0,43% actual y por debajo de la media estatal, situada en el 0,74%.
Críticas al nuevo proyecto de ley universitaria
La moción socialista llega en un momento marcado por la polémica en torno al proyecto de Ley de Enseñanzas Superiores y Universidades impulsado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Desde el PSOE de Rivas consideran que el texto supone un riesgo para el modelo público universitario al fomentar, según señalan, la privatización, la infrafinanciación y un mayor control político sobre los campus.
Entre los aspectos que más preocupan a los socialistas se encuentra la obligación de que las universidades busquen hasta un 30% de su financiación ordinaria en recursos privados, así como la ausencia de medidas para mejorar el sistema de becas o reducir las tasas. También advierten de que la ley abre la puerta a la explotación mercantil de los activos universitarios y debilita los órganos académicos de gobierno.
Carazo denuncia una “estrategia de asfixia” a lo público
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Rivas, Mónica Carazo, ha sido especialmente crítica con la política educativa del Gobierno autonómico. “El PP lleva años asfixiando a la universidad pública mientras facilita la expansión de las privadas”, ha señalado.
Carazo subraya que la moción incluirá también la solicitud de una moratoria para la creación de nuevas universidades privadas, un aspecto que, a su juicio, es imprescindible para frenar el desequilibrio entre la oferta pública y la privada.
Llamamiento a un diálogo real con la comunidad universitaria
El PSOE de Rivas reclama además la apertura de un proceso de diálogo que incluya a los distintos actores universitarios: rectorados, decanatos, profesorado y estudiantado. Carazo destaca que la oposición al nuevo proyecto de ley ha generado una unión inédita entre todos los sectores implicados: “Nunca habíamos visto una defensa tan amplia y transversal de la universidad pública como la que se está dando ahora ante el avance de las políticas más radicales de la derecha”.
