El Tribunal de Cuentas declara firme su resolución sobre la EMV mientras Gobierno y PP mantienen posiciones enfrentadas
La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha declarado firme el auto relativo a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas Vaciamadrid, al no haberse presentado recurso de casación en el plazo legal. La resolución judicial cierra así el procedimiento abierto tras la denuncia presentada por el Partido Popular sobre la gestión económica de la empresa pública y del Ayuntamiento.
El auto, fechado en noviembre de 2025, desestimaba el recurso de apelación del PP y ratificaba una resolución anterior de junio en la que no se apreciaba responsabilidad contable ni perjuicio a los fondos públicos en los ejercicios analizados. El Tribunal señalaba que la denuncia no permitía deducir la existencia de daño económico real, efectivo y evaluable para incoar un procedimiento de responsabilidad contable, y consideraba ajustadas a la normativa las ampliaciones de capital realizadas por el Ayuntamiento como socio único de la EMV.
Valoración del Gobierno municipal
Desde el Gobierno municipal se interpreta la firmeza del auto como un respaldo a la gestión realizada. El Ejecutivo local subraya que la resolución confirma la legalidad de las operaciones económicas entre el Ayuntamiento y la empresa pública y defiende el papel de la EMV como herramienta para ampliar el parque de vivienda pública en alquiler asequible.
Según datos municipales, con la próxima entrega de 83 viviendas para jóvenes en la avenida de Pilar Miró, el parque municipal alcanzará las 758 viviendas en alquiler.
La posición del Partido Popular
El Partido Popular de Rivas sostiene, por su parte, que el Tribunal de Cuentas “únicamente ha señalado que las ampliaciones de capital no son ilegales”, pero que eso —afirman— “no equivale a descartar irregularidades en la gestión general de la EMV”.
Los populares consideran que la difusión de la firmeza del auto responde a una “cortina de humo” sobre la situación económica de la empresa. Señalan que la EMV mantiene una deuda de 3,3 millones de euros con la Comunidad de Madrid y que, según indican, en actuaciones de embargo solo se habrían podido retener cantidades reducidas.
El PP también apunta a deudas relacionadas con una promoción en la calle Sigrid y vincula la situación financiera de la empresa con la reciente dimisión de su gerente, cuestiones que, a su juicio, reflejan una situación económica “crítica”.
Debate político abierto
La situación de la EMV sigue siendo objeto de confrontación política en el municipio. Mientras el Gobierno local defiende el modelo de vivienda pública y la solvencia de la empresa, la oposición reclama mayor transparencia sobre su estado financiero y su gestión.
La resolución del Tribunal de Cuentas cierra la vía judicial abierta por la denuncia concreta analizada, pero el debate político sobre la gestión y el futuro de la empresa municipal continúa en el ámbito local.
