Rivas Vaciamadrid rechaza la ley regional para transformar suelos en viviendas asequibles
Rivas Vaciamadrid, ha decidido no aplicar la Ley 3/2024 de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida, impulsada por la Comunidad de Madrid. Esta normativa, vigente desde julio, permitía la conversión de suelos destinados a oficinas en viviendas protegidas para alquiler, con un plazo de uso obligatorio de 15 años.
Rivas se encuentra entre los cuatro municipios que han optado por rechazar completamente esta medida, junto con Alcorcón, Colmenar Viejo y Las Rozas. Según el estudio elaborado por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), las dificultades técnicas y la falta de viabilidad en algunos casos han limitado significativamente la aplicación de esta ley en toda la región.
Factores detrás del rechazo
En el caso de Rivas, las razones específicas para no implementar la normativa no se han hecho públicas, pero en otros municipios se ha argumentado que el desarrollo residencial asociado a esta ley podría no contar con los servicios adecuados o que algunos suelos no cumplen los requisitos legales para el cambio de uso. También se ha señalado que los costos técnicos de adaptar edificios ya existentes o solares podrían ser demasiado altos.
Por otro lado, el rechazo puede alinearse con la postura general de algunos ayuntamientos que critican las políticas de vivienda del Ejecutivo regional, argumentando que no abordan de forma estructural el problema del acceso a la vivienda.
Una medida de alcance limitado
Aunque la normativa pretendía facilitar la construcción de más de 40.000 viviendas asequibles en toda la región, los municipios solo han autorizado la construcción de un máximo de 16.844 viviendas bajo estas condiciones. Este resultado refleja el bajo impacto práctico de la medida y las resistencias de los gobiernos locales, incluso en municipios liderados por el Partido Popular, el mismo partido que encabeza el Ejecutivo regional.
En este contexto, el caso de Rivas-Vaciamadrid pone de manifiesto las tensiones existentes entre la Comunidad de Madrid y algunos ayuntamientos a la hora de abordar la crisis de vivienda, un problema que afecta a miles de familias en la región.
Fuente: elplural.com
