El Tribunal de Cuentas tumba de nuevo la denuncia del PP contra la EMV de Rivas
El Tribunal de Cuentas ha rechazado por segunda vez las denuncias presentadas por el Partido Popular de Rivas Vaciamadrid (PP) contra la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) y contra la gestión económica del Ayuntamiento. En un auto fechado el 21 de noviembre, la Sección de Enjuiciamiento desestima el recurso de apelación del PP y confirma lo resuelto el pasado 19 de junio: no existe perjuicio para los fondos públicos ni irregularidad alguna en las cuentas municipales o de la EMV.
El Tribunal de Cuentas desmonta la denuncia del PP
El Partido Popular había acusado al Ayuntamiento y a la EMV de alterar la cuenta general municipal y las cuentas anuales de la empresa pública. Solicitó incluso una fiscalización completa del presupuesto consolidado del Ayuntamiento. Tras el archivo de la denuncia en junio, el PP volvió a recurrir insistiendo en la existencia de presuntas pérdidas y reclamando la apertura de un procedimiento de responsabilidad contable.
El Tribunal de Cuentas vuelve a ser contundente: las afirmaciones del PP “no se sostienen ni jurídica ni contablemente”. Señala que la denuncia “no permite deducir la existencia de saldos deudores injustificados ni de daño real, efectivo y evaluable económicamente a los fondos públicos”, requisito imprescindible para abrir un procedimiento contable. Añade además que no existe ningún indicio de irregularidad en la transferencia de recursos del Ayuntamiento a la EMV, ya que cumple la normativa y se trata de un movimiento interno entre dos entidades públicas cuyo único socio es el propio Ayuntamiento.
La Fiscalía ya había sostenido que los hechos señalados por el PP no implicaban perjuicio alguno, sino un simple desplazamiento patrimonial dentro del sector público municipal.
El Ayuntamiento celebra la resolución
El Gobierno municipal ha valorado positivamente el auto, que avala de nuevo la gestión de la EMV y del Ayuntamiento. Desde el consistorio se recuerda que la EMV es la empresa municipal con mayor número de viviendas en alquiler asequible, en términos relativos, de toda la Comunidad de Madrid. Su papel es central en la garantía del derecho a la vivienda, especialmente para la juventud.
Tras la próxima entrega de 83 nuevas viviendas públicas, el parque municipal alcanzará las 758 viviendas en alquiler asequible.
La resolución del Tribunal confirma que la estrategia municipal de reforzar el parque público de vivienda es “correcta y ajustada a la legalidad”. El Ayuntamiento sostiene que esta sentencia desmonta la campaña de descrédito impulsada por el PP contra la EMV y las políticas públicas de vivienda en Rivas Vaciamadrid.
Contexto: el origen del conflicto con la Comunidad de Madrid
El debate sobre la EMV se produce además en un contexto más amplio vinculado a la vivienda pública en la ciudad. La Comunidad de Madrid, a través del antiguo IVIMA (hoy AVS), construyó en su día viviendas destinadas a realojos en Rivas, edificadas por el Grupo Ortiz, empresa que mantenía el derecho de superficie de las viviendas durante 25 años. El IVIMA gestionaba los alquileres y abonaba al Grupo Ortiz el valor de las rentas.
Para evitar que este conjunto de viviendas se destinara exclusivamente a realojos —lo que podría generar focos de exclusión social—, la EMV acordó con el IVIMA adquirir la parcela y asumir las obligaciones con la constructora, permitiendo así el acceso a familias de Rivas.
Paralelamente, Grupo Ortiz vendió el derecho de superficie a un fondo buitre. Tanto Grupo Ortiz como dicho fondo han estado investigados en diferentes tramas de corrupción vinculadas al Partido Popular. Las condiciones pactadas originalmente entre el IVIMA y el promotor en materia de cobro de rentas resultaron muy perjudiciales para el Ayuntamiento, que rechazó la lógica especulativa del fondo sobre vivienda pública.
El fondo denunció el impago y el IVIMA acabó abonando la cuantía, que la actual Agencia de Vivienda Social (AVS) reclama hoy al Ayuntamiento de Rivas. Desde el consistorio se han propuesto distintos planes de pago, que asumirá.
El Ayuntamiento recuerda asimismo que la Comunidad de Madrid mantiene una deuda con Rivas por más de 450.000 euros, según una reciente sentencia del Tribunal Supremo que condena al gobierno autonómico a transferir esa cantidad correspondiente a impagos en escuelas infantiles públicas.
Un modelo de vivienda pública frente a modelos especulativos
El Ayuntamiento subraya que, mientras en otros municipios de la Comunidad de Madrid la vivienda pública llega a alquilarse por 1.000 o 1.200 euros mensuales, en Rivas los alquileres públicos de la EMV se sitúan entre 400 y 500 euros. Este modelo, aseguran, demuestra que es posible ofrecer vivienda pública asequible sin especulación.
Según el Gobierno municipal, lo que el Partido Popular no comparte es precisamente este modelo de construcción y gestión pública del parque de vivienda, que apuesta por la asequibilidad y por el acceso a sectores amplios de la población.
